Desde que el servicio eléctrico se instaló en la ciudad de Buenos Aires en el año 1899 de la mano de la empresa alemana CATE, su prestación ha sido motivo de numerosas discusiones, controversias y problemas, tanto cuando la administración estuvo en manos estatales o privadas. En las últimas  décadas los usuarios no dejamos de sentirnos maltratados por las empresas concesionarias, a las que, en principio, estamos condenados por 70 años más.

A partir del advenimiento del nuevo gobierno nacional en el año 2015 se produjo un cambio en la política energética en el país. La nueva administración redujo los subsidios que hasta ese momento aportaba el estado para beneficiar a los consumidores, con la doble idea de que esa medida produjera un alivio en las arcas estatales y a su vez se “recompusiera” la economía de las empresas para que prestaran un mejor servicio. Esta recomposición económica exigida por las empresas que se presentaban como “víctimas” de una política incorrecta no parecía condecirse con sus balances. Por ejemplo; la empresa EDESA, segunda generadora de energía del país con intereses en EDESUR y propiedad de Nicolás Caputo, amigo y socio del Presidente, declaró en su balance 2015 una ganancia del 219 %.

Este cambio de política a partir de 2015 determinó un aumento extraordinario de la tarifa que luego de 2 años ronda el 500% para la mayoría de la población. El gobierno ha mantenido una tarifa social subsidiada para 1,8 millones de usuarios. En un país que tiene un 33% de pobres parece una cifra escasa.

Lamentablemente el aumento de la tarifa no devino en una mejoría del servicio, durante el último mes de diciembre los cortes se sucedieron como siempre en todo el país. En la zona de Capital y Gran Buenos Aires miles y miles de usuarios tuvieron que padecer la falta de suministro. La Comuna 11 no fue la excepción, los vecinos de un gran número de manzanas de los barrios de Villa del Parque, Villa Mitre, Santa Rita y Villa Devoto volvieron a la rutina de las velas, la escalera, los ancianos prisioneros en sus departamentos, los electro dependientes con su salud en la cornisa, el agobio y la comida a la basura.

Las empresas EDENOR y EDESUR se comprometieron ante el ENRE a terminar en diciembre de 2017 las obras que mejorarían el servicio. Hasta acá lo que sabemos es que su facturación ha crecido exponencialmente pero la prestación sigue siendo tan defectuosa como siempre.

Como todos los años para esta época, la luz vuelve a ser motivo de debate: ¿El servicio eléctrico es a esta altura un derecho humano o una mercancía como cualquier otra? ¿El estado debe hacerse cargo del servicio o delegarlo en manos privadas?¿ El organismo de control estatal cumple con su función o es sólo un sello de goma o una delegación de los intereses empresarios? Preguntas estas que pueden amenizar nuestros cálidos días de verano.

 

 

Fermin de la Serna

Miembro de ®Climax Ediciones