La iniciativa propone la regularización de barrios y asentamientos populares, mediante la expropiación de las tierras y el desarrollo urbano.

El proyecto presentado por el oficialismo, en realidad es producto de una larga lucha llevada adelante por los movimientos sociales. En el año 2016 un grupo de organizaciones y ONGs realizaron un relevamiento nacional para crear el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso De Integración Urbana (RENABAP).

La labor estuvo coordinada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), TECHO y Caritas.

En argentina hay 4200 barrios populares en todas las provincias, un número dado por el relevamiento que llevaron adelante 3000 militantes de organizaciones populares. Son datos que en el Indec no están porque nunca se barrió el mapa argentino, asentamiento por asentamiento.

Juan Grabois, dirigente de la CTEP, comenta que para llevar adelante este proceso de urbanización, el financiamiento no es un problema, como plantea el gobierno. En estos barrios hay una situación de irregularidad e ilegalidad de las propiedades. No se trata de dinero para expropiar, sino de regularizar el estado de las escrituras. Consecuencia de la naturalización de este esquema,  la ilegalidad se sostiene hace décadas.

La situación estructural que atraviesan los asentamientos es grave. No hay instalación de cañerías con agua potable. No hay red de gas natural. Los vecinos calefaccionan todo con electricidad, a diferencia de los barrios de la ciudad formal. Esto concluye fundamentalmente en dos problemas: con la sobrecarga de demanda se producen cortes de luz, con lo cual, no tienen forma de calentar las casillas; y por otro lado, dada la precariedad de las instalaciones eléctricas y de las viviendas, se producen incendios.

Este proyecto de Ley, no reparte títulos de propiedad de manera automática a los vecinos de los barrios populares, sino que busca poner bajo dominio público dichos terrenos, con el objeto de la integración urbana. Es decir, permitir el marco normativo para que el Estado intervenga dentro de los barrios, porque la excusa por la cual no se instala el gas, las cloacas y el agua potable, es porque el Estado no puede intervenir dada la condición de ilegalidad de los terrenos. “La misma excusa que usaron para no intervenir cuando se incendió una casilla y se murieron 3 chicos en Lanús el año pasado.” declara Grabois en Radio con Vos. “La policía sólo entra al barrio para cobrar la coima de los narcotraficantes” completaba el dirigente social.

Hay un temor por parte del ejecutivo, de que un sector de su electorado reaccione en contra de la medida, con el argumento que el Estado le va a dar casas a inmigrantes o vagos que no trabajan.

Es importante combatir cualquier posición xenófoba dice Grabois, porque la lógica es que la clase media baja y la clase baja aspiren a consumir lo que consume la clase media. Por lo tanto, siempre hay posiciones reaccionarias que rechazan la posibilidad de que las clases populares puedan acceder a una propiedad.

“Hay que ser intransigente con la violencia de género, con el antisemitismo, con la discriminación religiosa, pero también con la aporofobia, que es la discriminación al pobre” concluye Juan Grabois.

 

 

 

 

 

 

Mateo Missio

Miembro de ®Climax Ediciones