Desalojos, viviendas vacías y una pregunta que crece en los barrios ¿cuáles son los intereses?
El 23 de abril, el desalojo de más de 40 familias en el inmueble de San Blas 1974, en Villa General Mitre, volvió a poner en discusión la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 100 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad, fueron retiradas del lugar en un operativo que comenzó a las 6 de la mañana, con fuerte presencia policial, vallado de la cuadra y restricciones de circulación para vecinos de la zona.
Según testimonios y organizaciones presentes, el procedimiento se llevó adelante sin exhibición de una orden judicial escrita. Las autoridades habrían hecho referencia a una disposición telefónica de fiscalía, lo que abre interrogantes sobre la legalidad del operativo. En estos casos, especialistas señalan que sin un oficio firmado por un juez y una causa que lo justifique, el desalojo puede considerarse irregular. También remarcan que, aun cuando exista una orden válida, deben cumplirse instancias previas como la notificación a las familias y plazos razonables para garantizar una reubicación sin afectar de manera abrupta sus condiciones de vida.
Durante la jornada se registraron momentos de tensión, denuncias por uso de gas pimienta y al menos dos detenciones. El operativo incluyó la intervención de la Guardia de Auxilio, que habría señalado riesgos estructurales en el edificio como uno de los argumentos para avanzar con el desalojo. Sin embargo, hasta el momento no hubo información clara sobre soluciones habitacionales para las familias afectadas.
El caso no es aislado y se suma a otros conflictos similares en la Ciudad. Pero lo que vuelve a instalar con fuerza este episodio es una contradicción estructural. Mientras familias son desalojadas sin alternativas concretas, crece la cantidad de viviendas desocupadas.
A esto se suma un dato que profundiza la contradicción. Según los análisis más recientes del mercado inmobiliario publicados en 2026, el 13,8% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece vacío, lo que equivale a unas 200.000 unidades sin ocupar. Este nivel duplica ampliamente lo que el propio sector considera técnicamente saludable. Esto plantea un interrogante que excede un caso puntual ¿cómo se explica que en una ciudad donde sobran viviendas haya familias sin acceso a un lugar donde vivir? ¿Qué lógica organiza hoy el desarrollo urbano? ¿Solo el negocio?
La expansión de la construcción en los últimos años estuvo fuertemente orientada a la inversión y al resguardo de valor, más que a resolver el déficit habitacional. Muchas de esas unidades no ingresan al mercado de alquiler permanente o lo hacen con valores inaccesibles para amplios sectores. En paralelo, el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil para trabajadores, estudiantes y jubilados.
En ese contexto, desalojos como el de Villa General Mitre no aparecen como hechos aislados sino como parte de una dinámica más amplia. Mientras se multiplican los desarrollos inmobiliarios, también crece la cantidad de personas que no pueden sostener un alquiler o acceder a una vivienda formal.
¿Hasta cuándo vamos a mirar desde afuera cómo se reparten la torta… y también los techos? Porque mientras unos pocos se quedan con todo, hay una mayoría que ni siquiera está invitada al cumpleaños.
