Un informe reciente advierte que el aumento sostenido de los alquileres ya empuja a miles de inquilinos a endeudarse, recortar gastos básicos y, en muchos casos, abandonar sus viviendas.

El costo del alquiler en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en una presión cada vez más difícil de sostener para quienes no tienen vivienda propia. Un reciente informe revela que la suba de precios no solo afecta el acceso a la vivienda, sino que impacta de lleno en la economía cotidiana de los hogares, empujando a muchos inquilinos al endeudamiento y a mudanzas forzadas.

Uno de los datos más contundentes es que el 17,2% de los inquilinos tuvo que dejar su vivienda en el último trimestre por no poder afrontar el pago del alquiler. Este fenómeno, cada vez más frecuente, refleja un proceso de “expulsión habitacional” silencioso, donde no median desalojos judiciales sino la imposibilidad económica de sostener el contrato.

La situación se agrava por el peso creciente del alquiler sobre los ingresos. En muchos casos, los aumentos se producen cada tres o cuatro meses, lo que dificulta cualquier planificación familiar y obliga a rehacer las cuentas constantemente. Así, una parte importante de los hogares destina entre el 50% y el 80% de sus ingresos solo a pagar la vivienda.

Frente a este escenario, el endeudamiento aparece como una estrategia de supervivencia. Más del 70% de los inquilinos registra deudas activas, muchas de ellas contraídas para cubrir gastos básicos como alimentos o el propio alquiler. Las tarjetas de crédito y los préstamos informales se convierten, en la práctica, en herramientas para sostener la vida cotidiana.

El impacto no se limita a la vivienda. La crisis habitacional ya se traduce en recortes en otros aspectos esenciales. Más del 60% de los hogares redujo el gasto en alimentos y una proporción significativa reconoce que no logra cubrir sus necesidades básicas. En paralelo, crece el pluriempleo: casi la mitad de los inquilinos tiene más de un trabajo para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo. 

En la Ciudad, además, el fenómeno adquiere una dimensión estructural. Cada vez más familias forman parte de lo que se denomina “segunda generación inquilina”: personas que no solo alquilan, sino que tampoco proyectan acceder a una vivienda propia en el futuro. Esto marca un cambio profundo en el acceso a la vivienda y en la configuración social urbana.

El problema, coinciden especialistas y organizaciones del sector, no se reduce al precio de los alquileres. Está vinculado a la caída de los ingresos, la inestabilidad laboral y la falta de políticas públicas que regulen el mercado. En ese marco, la vivienda deja de ser un derecho garantizado para convertirse en una carga cada vez más difícil de sostener.

Así, el debate vuelve a instalarse en los barrios: no se trata solo de cuánto cuesta alquilar, sino de quiénes pueden seguir viviendo en la Ciudad. Porque cuando el alquiler empuja a endeudarse, recortar comida o mudarse de manera forzada, lo que está en juego no es solo un techo, sino el derecho a permanecer vivo.