El Poder Judicial capitalino ordena al Gobierno a impedir el desarrollo de la empresa, la cual, sin permiso oficial, había iniciado ayer sus primeros viajes.

UBER no puede funcionar en Capital Federal, dispuso la justicia porteña. Por eso ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, de modo inmediato, “arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa o cualquier sociedad bajo ese nombre y tipo de actividad”.

En la sentencia firmada este 13 de abril, el magistrado también dispuso que se informe al juzgado  “dentro del plazo de cinco (5) días, las medidas adoptadas”, para dar cumplimiento con la orden impartida.

Entre las medidas dispuestas para sumar información a la causa impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires contra la compañía que brinda servicios de transporte de pasajeros a través de una aplicación en celulares y tablets, el juez Trionfetti,requirió a la Agencia Gubernamental de Control que informe si la empresa conocida mundialmente como UBER ha presentado algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros.

También se solicitó información de registro de la empresa a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y a la Secretaría de Transporte del GCBA, para que informe si UBER realizó alguna presentación para actuar en el rubro de transportede pasajeros y, en su caso, remita las correspondientes actuaciones o copia certificada de éstas, añade IJudicial.

A su vez, el juez dispuso la notificación de la existencia del presente proceso y la presente resolución al Ente Único Regulador de Servicios Públicos, en tanto órgano de control.

La resolución dictada se enmarca en una acción de amparo impulsada por Jorge Omar Viviani y Miguel Ángel Espinosa en su carácter de Secretario General y Tesorero, respectivamente, del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (S.P.T.), junto con las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis. En la acción se demanda al GCBA y al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte específicamente “por su omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER.

Foto: NY Post.

Juan Castro

Redactor