Mientras el Gobierno porteño celebra “propiedades recuperadas”, la Justicia advierte sobre una política de expulsión masiva sin soluciones habitacionales.

En la ciudad de Buenos Aires la escena se repite. Un operativo temprano. Una cuadra cortada. Policías dando órdenes a los gritos. Familias que intentan sacar lo que pueden en bolsas. Después, la puerta queda tapiada. El inmueble se cierra. La calle retoma su circulación habitual. Nadie se pregunta nada. 

Según datos de organizaciones sociales y legislativas, los alquileres en la Ciudad aumentaron más de 400 por ciento en los últimos años. En paralelo, la situación de calle supera las 12 mil personas en el distrito, de las cuales alrededor de 1300 son niñas y niños. La informalidad laboral alcanza a casi la mitad de la población económicamente activa. En ese marco, perder el empleo implica con frecuencia perder también el acceso a una vivienda estable.

El mecanismo de expulsión se apoya en un circuito administrativo que combina inspecciones, denuncias de riesgo edilicio y operativos de ejecución inmediata. En los hechos, se trata de desalojos exprés que se realizan en el mismo día. El argumento es la seguridad estructural. El resultado, según denuncian organizaciones y legisladores, es el desplazamiento de familias sin alternativa habitacional garantizada.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indica que esta modalidad ya representa cerca de la mitad de los desalojos ejecutados en la Ciudad en lo que va del año. También advierte que en muchos casos no se registran relevamientos completos de las personas afectadas ni planes de reubicación.

En uno de los operativos recientes en el barrio de Floresta, el procedimiento duró toda una jornada. La cuadra fue cerrada al tránsito. Intervino la policía y personal de la Guardia de Auxilio. Las familias, con niños en edad escolar, retiraron lo que pudieron en vehículos particulares. Horas después, el inmueble fue clausurado y tapiado con ladrillos. No volvió a utilizarse.

El Gobierno porteño sostiene que se trata de la recuperación de propiedades ocupadas irregularmente. En redes oficiales y declaraciones públicas se informan cifras acumuladas que superan las 800 intervenciones. También se vincula a los inmuebles desalojados con situaciones de alquiler impago o actividades comerciales informales.

Un juez de la Ciudad dictó recientemente una medida cautelar que ordena suspender los desalojos que no cuenten con intervención judicial previa o que no garanticen una solución habitacional transitoria. El fallo remarca que la ejecución administrativa no puede reemplazar el control judicial cuando están en juego derechos fundamentales como la vivienda.

En su resolución, el magistrado advierte que en varios expedientes no se verificaron condiciones de vulnerabilidad, no se relevaron ocupantes y no se establecieron mecanismos de resguardo de pertenencias. También señala la ausencia de alternativas habitacionales en el momento de la expulsión.

El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte contracción del poder adquisitivo. El salario mínimo perdió capacidad de cobertura frente al costo del alquiler formal. En los sectores populares, el acceso a vivienda depende cada vez más de redes informales, subdivisiones de casas o alquileres sin contrato.

En ese circuito aparecen inquilinatos, hoteles familiares y viviendas compartidas donde la permanencia depende de acuerdos precarios. Según organizaciones territoriales, estos espacios funcionaron durante años como amortiguador de la crisis habitacional. Hoy se encuentran bajo presión creciente por inspecciones, clausuras y desalojos.

El Gobierno de la Ciudad sostiene que las intervenciones responden a riesgos edilicios o situaciones de irregularidad dominial. Sin embargo, legisladores opositores y organismos de derechos humanos denuncian que se trata de una política sistemática de expulsión sin planificación de reubicación.

En paralelo, se multiplican las movilizaciones por el derecho a la vivienda. Una de las más recientes fue la llamada Marcha de las Escobas, que reunió a inquilinos, organizaciones sociales y centros de estudiantes. Allí se denunció el aumento sostenido de los alquileres y la expansión de la población en situación de calle.

El conflicto también expone una dimensión territorial. Los barrios más afectados se concentran en la zona sur y sur centro de la Ciudad, donde se registra mayor densidad de viviendas precarias, hoteles familiares y población migrante. En esos sectores, el desalojo no implica solo la pérdida de un inmueble, sino la interrupción de redes laborales, escolares y de salud.