El titular de la Procuvin impulsó la medida por la muerte de Walter Benítez, ocurrida en 2001.
El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina resolvió la semana pasada enviar a juicio oral a una veintena de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la tortura seguida de muerte, en noviembre de 2001, de Walter Omar Benítez en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
El magistrado tuvo presente “para su oportunidad” que los acusados sean apartados “de toda función que implique cualquier tipo de relación y/o contacto y/o trato con personas privadas de libertad y/o sus familiares”, “sin que ello implique afectar sus situaciones laborales y/o sus ingresos salariales”; entre ellos se encuentra el actual director de la cárcel de Villa Devoto, Gilberto Figueredo, quien para la época del hecho se desempeñaba como jefe de turno en el Pabellón C del Módulo III del penal bonaerense.
En su resolución, el juez rechazó la oposición de algunas de las defensas y decretó la clausura de la etapa de instrucción de la causa, en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), añade un texto de Fiscales.gob.
El titular de la Procuvin y el fiscal ad-hoc de esa dependencia, Miguel Palazzani y Claudio Pandolfi, respectivamente, y el fiscal de Lomas, Leonel Gómez Barbella habían requerido el envío del expediente a debate oral y público. Los representantes del MPF le imputaron a Figueredo la responsabilidad en el delito “de omisión funcional punible” por no evitar ni denunciar las torturas a las que el detenido fue sometido desde el 3 hasta el 7 de noviembre, cuando fue encontrado colgado dentro de una celda. En ese interín, de acuerdo a la acusación, a la víctima le impusieron una sanción administrativa por una falta inexistente, fue golpeada en todo el cuerpo y quemada con cigarrillos -por lo que incluso llegó a presentar un hábeas corpus-, trasladada a la “leonera” y finalmente a los “buzones”, en donde debería haber permanecido 27 días aislada como castigo.
La gran cantidad de acusados responde a que la conducta delictiva habría sido cometida por miembros del cuerpo de requisa, administrativos, un médico del penal -en calidad de autores- y otros funcionarios, a los que como Figueredo se les endilga haber omitido cumplir con sus funciones en debida forma, a tal punto que no evitaron que sus subalternos impusieran torturas físicas y psíquicas que llevaron a que Benítez decidiera quitarse la vida.
