El resultado de las votaciones en la Legislatura Porteña generó opiniones contrapuestas: mientras algunos dicen que beneficiará el planeamiento urbano, otros creen que favorecerá la especulación inmobiliaria.

Durante el día de ayer la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la modificación de los Códigos Urbanístios y de Edificación. La votación tuvo 34 votos positivos, 20 negativos y 6 abstenciones. Las nuevas normas indican cómo se deben construir los inmuebles en el ámbito del territorio porteño.

La medida arroja opiniones contrapuestas: por un lado, los legisladores oficialistas consideran que se trata de una medida hístoica que estará en vigencia durante las próximas décadas y regulará la altura de las torres y la identidad barrial. Por otro lado, las entidades vecinales consideran que estas medidas favorecerán la especulación inmobiliaria y la construcción de edificios en altura.

De hecho, unas 100 organizaciones sociales barriales y patrimonialistas –entre las que se encuentran las organizaciones Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Es Nuestra Buenos Aires (ENBA); Espacio Inter Consejos Consultivos Comunales; Basta de Mutilar Nuestros Árboles; Vecinos Agrupados de Caballito; Manzana 66 Verde y Pública; Proto Comuna Caballito-, se nuclearon para presentar una carta en rechazo a la medida. Allí se explicita que estos nuevos códigos “desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios”.  Además, también consideran que “ambos códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario”.

Para ellos, las reformas no consideran la situación en su total amplitud, porque  “profundizarán el colapso actual de los servicios públicos por aumentar la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva”.

Por otro lado, las voces defensoras consideran estas medidas como un paso adelante, ya que “se plantea un desarrollo urbano consciente a partir de la identificación y creación de unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles transitadas”. Además, un punto importante en su defensa explica que “habrá parcelas de la Ciudad en las que se podrá construir más. Este valor adicional que adquiere la propiedad gracias al cambio de normativa que realiza el Gobierno de la Ciudad, es llamado plusvalía urbana”, es decir que se cobrará un impuesto que se usará para equipamiento urbano y viviendas sociales, según explicaron.