En 1980 Gabriel García Márquez escribió su relato “Me alquilo para soñar”, en el que una mujer hace una profesión de la capacidad que posee para predecir el futuro a partir de sus sueños. Muchos años después, las viviendas en la ciudad de Buenos Aires “se alquilan para sufrir”, ya que según la Defensoría del Pueblo porteña, hoy, en promedio, los alquileres se llevan el 50% del salario de los inquilinos.

El sexto semestre avanza y cada vez hay más gente viviendo en la calle, y cada vez hay más jóvenes regresando a vivir a la casita de los viejos porque no pueden hacerse cargo del alquiler. Muchos sueños de independencia empiezan a quedar truncos o a esperar mejores vientos. A fines de 2017 los alquileres se llevaban el 40% de del salario promedio de los inquilinos, nueve meses después, la incidencia del costo de alquilar una vivienda ya llegó al 50% del sueldo. Si al alquiler se le suman expensas, servicios e impuestos, el costo que insume tener un hogar asciende al 70% del salario. Nunca en la historia el valor de los alquileres ocupó ese nivel de los ingresos. Con el 30% restante hay que comer, higienizarse, vestirse, calzarse, viajar, ocuparse de la salud y si fuera posible entretenerse y ahorrar en un marco de recesión e inflación. De no existir el milagro o la magia el sufrimiento está garantizado.

Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo son coincidentes con la encuesta realizada por el Frente Nacional de Inquilinos. Los datos que maneja esta organización nos dicen que un 35% de los habitantes porteños alquila su vivienda y que casi el 90% de ellos no recibe factura de los propietarios, una cifra bastante superior al promedio a nivel nacional que es del 78,3%. Cifras que marcan con claridad la informalidad o ilegalidad (según quiera mirarse) que predomina en la cultura rentista y nos llevan a pensar en que despotricar contra la corrupción suele ser fácil, lo difícil es no corromperse en medio del mundo imperfecto que nos rodea.

La gravedad de la situación queda en evidencia si se tiene en cuenta que el 62% de los hogares se mantiene con un solo sueldo (una modalidad en crecimiento frente a la dispersión familiar): El 36% son viviendas unipersonales y el 26% se trata de un adulto que trabaja junto a un menor o adulto mayor que no trabaja.

En el primer trimestre de 2018 el aumento del precio del metro cuadrado en alquiler promedió el 35% mientras que la mayoría de las paritarias laborales se cerraron con un aumento de alrededor del 15%. La devaluación del peso sufrida durante los últimos dos meses hace presagiar un recrudecimiento de este funesto panorama, que de no mediar algún tipo de regulación estatal va camino a convertirse en una crisis social sin precedentes. Mientras tanto, el Proyecto de Ley Nacional de alquileres, aprobado por unanimidad por el Senado de la Nación en 2017, duerme plácidamente en algún cajón del Congreso Nacional acunado por los legisladores del oficialismo. Si el proyecto no se trata antes de diciembre de este año perderá su estado parlamentario y habrá una herramienta menos para desactivar esta bomba que amenaza con explotar más temprano que tarde, dejando un tendal de víctimas en la calle.