Delegados de la ex Villa 31 y 31 bis aseguran que la Secretaría de Integración Social y Urbana prepara un protocolo de desalojos que viola la ley de reurbanización, según la cual los vecinos deben participar del proceso.

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura de la Ciudad el Proyecto de Ley N° 2736-J-2018 que busca la re-urbanización del Barrio “Padre Carlos Mugica” (Ex Villa 31-31bis). Este proyecto tiene un objetivo claro: transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población, haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario.

La integración social y urbana implica que se acceda en forma igualitaria a los servicios públicos y al equipamiento urbano en las mismas condiciones que en el resto de la ciudad y, al mismo tiempo, que se reconozca la identidad, la cultura, la morfología, los lazos sociales y económicos que fue construyendo su actual población. Y, además, que sea sustentable en el tiempo. No constituye una verdadera integración si se permite la expulsión de las familias por la presión del mercado inmobiliario frente a su debilidad económica.

Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el proyecto de ley pretende eliminar en forma íntegra el sector Bajo Autopista del Barrio sin brindar razones técnicas ni fundamentos de dicha decisión. La voluntad manifiesta del gobierno es aprovechar todas las medidas y excusas para liberar suelo del Barrio para el futuro ingreso de comercios foráneos u otras actividades que compitan y destruyan la economía productiva y de servicios local.

De lograrse este dictamen, el gobierno se reservaría inmensos predios como zonificación Urbanización Futura. Estos distritos estarán destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo, en base a normas y programas especiales. Es decir, se extraen estas superficies del predio del proceso de integración social y urbana para ser destinados, seguramente, a emprendimientos inmobiliarios privados.

La Secretaría de Integración Social y Urbana, a pesar de que la Ley N° 3.343 prohíbe los desalojos forzosos, ya realizó varios a familias que no estaban de acuerdo con relocalizarse. En el proyecto de ley no figura de manera expresa la prohibición de estas violentas situaciones.

Todas estas propuestas se enmarcan en la voluntad explícita del gobierno del Pro de re-urbanizar el Barrio Carlos Mugica a través del mercado inmobiliario. Esto implica la expulsión de su población a largo plazo y la transformación íntegra del barrio de acuerdo a los designios del capital financiero inmobiliario.