Al alquiler temporario, la dolarización y el Arbnb se le suma la desregulación del mercado inmobiliario con la eliminación de la Ley de Alquileres. 

Por: Fermín De la Serna

Si el fenómeno creciente del alquiler temporario y Airbnb venía modificando el paisaje urbano y fortaleciendo la crisis del alquiler habitacional, la derogación de la Ley de Alquileres por parte del gobierno de Javier Milei viene a completar el “efecto tenaza” contra millones de hogares inquilinos.

Para el vocero presidencial, la Ley de Alquileres “perjudicó al mercado inmobiliario”. El famoso “acuerdo entre partes” que promueven el gobierno libertario y el mercado inmobiliario, acerca de los plazos del alquiler, los valores y el tipo de moneda a utilizar en el pago, se basa en el relato del mejoramiento de la oferta.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de quitar toda regulación sobre el alquiler, no sólo dará lugar a una fuerte imposición de las condiciones por parte de inmobiliarias y rentistas a los inquilinos sino que va a multiplicar la tendencia hacia los contratos cortos, valores en dólares y ajustes de precios sin regulación ni tope y cada menor tiempo. Tenderá a borrar la frontera entre el alquiler temporario y el acceso a la vivienda permanente.

Se observa un gradual aumento en la presencia de departamentos de tres ambientes en la oferta inmobiliaria de la ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno busca atraer a familias de clase media con uno o dos hijos que buscan trasladarse a una vivienda con dos dormitorios.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los departamentos de 3 ambientes experimentaron el mayor aumento, alcanzando un 308,7% interanual hasta diciembre pasado.

Con un costo promedio de $470.000 en CABA, estos números resultan inaccesibles para los trabajadores asalariados que buscan alquilar, especialmente considerando las expensas que superan los $40.000 mensuales. Mantener una vivienda no propia demanda un esfuerzo financiero considerable.

Actualmente están ofreciendo entre 300% y 600% de aumento para las renovaciones. La mayoría no está pudiendo firmar nuevos contratos, en un país con más de 2 millones de viviendas vacías, y quienes aún tienen contrato las inmobiliarias les piden “actualizaciones voluntarias” por fuera de la ley.