A días de renovar la mitad de la Legislatura, la distancia entre la representación política y las necesidades vecinales parece más grande que nunca.

El próximo 18 de mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrará elecciones legislativas para renovar 30 de las 60 bancas de su Legislatura. A primera vista, se trata de un ejercicio democrático fundamental: definir quiénes tendrán la responsabilidad de legislar sobre temas clave que impactan directamente en la vida de quienes habitamos esta ciudad. Sin embargo, vale preguntarse si este proceso traerá cambios reales o si, una vez más, se limitará a legitimar una estructura política que se ha mostrado cada vez más alejada de las necesidades populares.

La Legislatura porteña, donde se renueva la mitad de sus miembros cada dos años, se presenta como el órgano encargado de debatir y sancionar leyes que configuran el modelo de ciudad. Pero en los hechos, funciona hace años como una maquinaria casi automática de aprobación de proyectos impulsados desde el Ejecutivo, muchos de los cuales responden más a intereses del mercado inmobiliario que a las demandas de los barrios. Las excepciones sistemáticas al Código Urbanístico, la venta de tierras públicas y el avance de torres y desarrollos de lujo en comunas donde crecen la desigualdad y la falta de servicios, dan cuenta de ello.

Los ejes de campaña repiten una y otra vez palabras como “seguridad”, “educación” o “vivienda”, pero la experiencia demuestra que muchas veces esas promesas quedan atrapadas en discursos vacíos. ¿Qué modelo de ciudad se está votando en realidad? ¿Qué se entiende por acceso a la vivienda cuando proliferan los alquileres temporarios, la especulación financiera y la expulsión silenciosa de familias de sectores medios y bajos hacia la periferia? ¿Qué se protege cuando se prioriza la vigilancia y el marketing sobre políticas sociales reales?

Mientras tanto, crece el descontento en los barrios. La participación ciudadana en cuestiones urbanísticas es escasa o meramente simbólica. Los foros y audiencias públicas funcionan más como instancias formales que como espacios donde la voz de los vecinos y vecinas tenga peso efectivo en las decisiones. Las comunas siguen sin autonomía real, y muchas decisiones que impactan en la vida barrial se toman a puertas cerradas entre técnicos, funcionarios y empresas.

A pesar de este panorama, la participación ciudadana sigue siendo una herramienta vital. Porque más allá del escenario general, la elección puede y debe ser un momento para interpelar, exigir, visibilizar otras agendas y poner límites a la concentración de poder. No alcanza con votar cada dos años: lo urgente es preguntarse para qué sirve esa representación, a quién responde y cómo se construye una democracia que realmente escuche a quienes sostienen esta ciudad todos los días.

En tiempos donde se habla mucho de libertad, pero se cierran escuelas, se ajustan presupuestos y se reprime la protesta, el voto es un acto político. Y eso también se vota el 18 de mayo.