Pasaron las elecciones y, una vez más, los resultados dejan un sabor agridulce entre quienes esperaban un cambio en la Legislatura porteña.

Aunque se renovaron 30 de las 60 bancas, la estructura de poder en la ciudad apenas se movió. La principal fuerza oficialista logró retener la mayoría con alianzas que le garantizan quórum, mientras que la oposición creció levemente pero sin capacidad real de bloquear iniciativas clave.

El mapa político se reconfiguró apenas: algunas caras nuevas, algunos nombres que se repiten desde hace años. Y sin embargo, las preguntas de fondo siguen en pie. ¿Qué tipo de ciudad se votó el 18 de mayo? ¿Qué cambió para quienes todos los días viven en barrios con servicios colapsados, alquileres impagables y escuelas en emergencia edilicia?

Como viene ocurriendo desde hace más de una década, la Legislatura continúa funcionando como una extensión del Ejecutivo porteño. La mayoría automática se traduce en la rápida aprobación de proyectos que muchas veces priorizan los intereses del mercado inmobiliario sobre las demandas barriales. Las excepciones al Código Urbanístico, la venta de tierras públicas y la proliferación de desarrollos de lujo siguen siendo moneda corriente, incluso en comunas donde aumentan la desigualdad y el acceso a derechos básicos es cada vez más precario.

Durante la campaña, los ejes volvieron a ser “seguridad”, “educación” y “vivienda”. Pero las cifras del presupuesto, los recortes y las políticas concretas muchas veces contradicen esos discursos. La vigilancia crece más rápido que los programas sociales, y la vivienda parece pensada más como negocio que como derecho.

La participación ciudadana, por su parte, volvió a mostrar su límite: baja concurrencia en muchos barrios, escasa representación de las demandas territoriales y poco espacio para agendas que no sean las de los grandes partidos. Las comunas siguen sin autonomía real, y las audiencias públicas son, en la mayoría de los casos, una formalidad sin impacto real.

Sin embargo, el 18 de mayo también dejó señales alentadoras. Nuevas fuerzas políticas lograron ingresar representantes, movimientos sociales hicieron campaña en los barrios y hubo candidaturas que lograron visibilizar otras agendas: ambientales, feministas, territoriales.

En tiempos donde se recorta el gasto público, se desfinancian políticas sociales y se criminaliza la protesta, el voto sigue siendo un acto político. No lo es todo, pero tampoco es nada. La pregunta que queda es cómo transformar ese acto individual en una herramienta colectiva para exigir, disputar sentidos y construir una ciudad más justa, donde las decisiones no se tomen siempre desde arriba.