Durante los años del primer peronismo se acuñó una frase que se hizo popular: “Los únicos privilegiados son los niños”. Más allá de algunos intentos vanos realizados en ese sentido, la sentencia quedó en la historia como una expresión de deseos más que como una política sostenida en el transcurso del tiempo. Quizá porque tuvo que lidiar con otros privilegios ya establecidos desde nuestros orígenes, entre ellos, la que posiblemente sea la prerrogativa institucional más consolidada de nuestra vida como nación: El centralismo porteño. Esta peculiar característica ha marcado nuestro devenir a sangre y fuego. Todavía los historiadores intentan vislumbrar qué sucedió para que el Urquiza victorioso en el campo de batalla cediera la Aduana de Buenos Aires a las huestes del mitrismo.
La autonomía lograda por la ciudad en 1994, no ha hecho más que reverdecer ese status de territorio favorecido que la capital del país ostenta desde siempre.
Con la llegada del Macrismo (Hijo dilecto del diario La Nación, fundado por Mitre) al poder de la ciudad y de la nación, las concesiones se hicieron evidentes casi de manera escandalosa, sólo basta recordar los terrenos nacionales cedidos a la órbita porteña entre gallos y medianoches en las últimas horas de Mauricio en el poder presidencial. Dinero fresco para las arcas de la inmobiliaria que su delfín, Horacio Rodríguez Larreta, maneja con impunidad, dilapidando tierras y edificios públicos, que nos pertenecen a todos, en pos de beneficiar al sector empresarial que lo apoya en su carrera al sillón de Rivadavia. Entre los favores concedidos por Macri se encuentran los Decretos Nros.194/16, 399/16 y 257/18, con los que la Ciudad vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos por la participación que recibe de la Nación. Así, el Decreto N°194/16 elevó su coeficiente de 1,40% al 3,75%, sin brindar ninguna justificación que permitiera desentrañar las razones de tal beneficio. Recién un mes más tarde, otro decreto, el 399/16, indicó que serían destinados a atender la seguridad pública. Esta decisión arbitraria del gobierno macrista generó escozor en el resto de las provincias. Como se puede apreciar, pese a la constante predica en favor del republicanismo y la democracia, el liberalismo argentino se olvida de pasar, por el Congreso de la Nación cuando cree que su decisión puede ser revertida por los legisladores, desde nombrar jueces de la corte suprema, hasta endeudar eternamente al país y a todos los argentinos.
El cambio de gobierno nacional en 2019 produjo que la nación revisara los términos de esta nueva ventaja concedida de manera discrecional e injustificada a la ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto del país. Considerando que ese porcentaje cedido, representaba más del doble de lo que CABA necesita para mantener su sistema de seguridad, el gobierno del presidente Fernández, mediante el decreto 735/20 , rebajó el porcentaje de coparticipación de la ciudad al 2,32%., un aumento acorde a las necesidades porteñas para mantener su fuerza policial. Viendo que esa merma del privilegio concedido por su antecesor, afectaría directamente sus posibilidades de hacer campaña con los dineros públicos (Las obras públicas que realizan los funcionarios, más allá de sus características y necesidad, siempre forman parte de una campaña política) Horacio Rodríguez Larreta decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia para zanjar el diferendo. El mismo tribunal que cuenta en sus filas a los dos jueces (la mitad de sus integrantes) que su partido político quiso meter por la ventana seis años atrás. ¿Serán estos magistrados los que pondrán coto a la eterna voracidad de la ciudad de Buenos Aires? Difícil es que el chancho chifle. En la Argentina está claro que los únicos privilegiado no son los niños; son los porteños.
Eduardo de la Serna
