El número de personas sin hogar sigue en aumento. Los caídos del mapa se multiplican y no pueden usar ni los bancos de las estaciones de subte.
Uno de los cambios recientes en el espacio público de la ciudad ha sido la instalación de separadores de hierro en los asientos de los subterráneos por parte de la empresa Emova, concesionaria de la red de subte. Esta medida busca evitar que las personas duerman en ellos, lo que ha generado debates sobre la falta de soluciones habitacionales y de contención social para quienes no tienen un techo donde resguardarse.
Desde el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al finalizar la administración de Mauricio Macri, se alertó sobre el deterioro en las condiciones de vida, con un aumento de la desigualdad social y la precarización del trabajo. Con la llegada de la pandemia durante el gobierno de Alberto Fernández, la situación de los sectores más vulnerables empeoró aún más.
El gobierno porteño, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, implementó el «Operativo Frío» en 2022, reforzando el programa Buenos Aires Presente (BAP). Este programa brinda asistencia a personas en riesgo social, con equipos de profesionales que recorren la ciudad ofreciendo contención y asesoramiento. Sin embargo, un porcentaje significativo de la población en situación de calle evita los paradores por considerarlos inseguros o demasiado estrictos.
Según el Relevamiento de Personas en Situación de Calle (Repsic) realizado por el gobierno de la Ciudad, en 2021 se registraron 2.573 personas sin hogar, cifra que aumentó a 3.511 en 2023. Organizaciones civiles cuestionan estos números y estiman que el total de personas en situación de calle es considerablemente mayor, alcanzando las 8.028 en diciembre de 2023.
El impacto del ajuste económico impulsado por la gestión de Javier Milei ha sido significativo, con un aumento en la cantidad de indigentes y personas que han perdido sus viviendas. Las políticas de ajuste han generado un marcado incremento de la pobreza, sumando 5,3 millones de nuevos pobres y 2,9 millones de indigentes en el último año, según datos del INDEC.
Desde su asunción, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha reconocido la crisis habitacional y de salud mental que afecta a muchas personas en situación de calle. En respuesta, propuso un protocolo de abordaje integral en conjunto con el Ministerio de Salud, que cuenta con capacidad limitada en hospitales especializados.
La problemática podría agravarse aún más. La Ley 27.654, que establece los derechos de las personas en situación de calle, habilita al Ministerio de Desarrollo Social a articular acciones con la Ciudad para mejorar la asistencia y contención. Sin embargo, la incertidumbre sobre la relación entre los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei deja dudas sobre la posibilidad de que se implemente una estrategia efectiva para enfrentar esta problemática en el corto plazo.
