Centros de estudiantes van a la Justicia para exigir que el GCBA habilite el boleto universitario.
A fines de 2023, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N.º 6.770, que amplía el régimen del Boleto Estudiantil para incluir a estudiantes del nivel terciario y universitario. Sin embargo, a casi cinco meses de su sanción y con el ciclo lectivo ya iniciado, la medida todavía no fue implementada. Ante esta situación, varios centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para exigir la puesta en marcha efectiva del beneficio.
La presentación fue impulsada por los centros de estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El escrito fue firmado por las presidentas de esas organizaciones estudiantiles: Julia Benito, Renata Veber, Natalia Arakaki y Pilar López Barcala. La acción judicial tiene como objetivo que el Gobierno de la Ciudad avance de manera inmediata en la implementación del boleto gratuito para los estudiantes de nivel superior.
El pedido concreto al Poder Judicial es que se ordene al Ministerio de Educación porteño habilitar el registro de estudiantes universitarios y terciarios, y se entreguen las tarjetas SUBE correspondientes o se vinculen a las ya existentes, como sucede actualmente con alumnos de primaria y secundaria.
Desde el Gobierno de la Ciudad, conducido por Jorge Macri, indicaron que se encuentra en funcionamiento una «mesa interministerial» que estaría definiendo los pasos a seguir para aplicar la ley. Sin embargo, los representantes estudiantiles denuncian que no existe ninguna información concreta ni plazos definidos, y que mientras tanto miles de estudiantes deben afrontar el costo diario del transporte público sin el beneficio legalmente aprobado.
La ley 6.770, votada por amplia mayoría en la Legislatura porteña, modifica la normativa anterior sobre boleto estudiantil gratuito. Entre sus novedades, incorpora a estudiantes universitarios y terciarios, y establece un subsidio del 55% del costo del boleto para los adultos acompañantes de estudiantes de primaria que no puedan viajar solos. Desde el punto de vista técnico, el pedido de los estudiantes es que se utilice el mismo sistema ya vigente para otros niveles educativos, lo que no requeriría crear una nueva infraestructura.
En el amparo presentado, también se solicitó una medida cautelar para que el Gobierno de la Ciudad adopte en un plazo de cinco días las medidas necesarias para comenzar la inscripción de beneficiarios. «Es fundamental que el Poder Judicial nos escuche», afirmó Julia Benito, del Centro de Estudiantes de Exactas. Por su parte, Juan Manuel Olivera, referente de los estudiantes de Sociales, advirtió que la falta de implementación «se da en un contexto de profundización de la crisis económica» y puede poner en riesgo la continuidad educativa de muchos alumnos.
Según datos de los propios centros de estudiantes, el transporte público representa uno de los gastos fijos más importantes para estudiantes que deben trasladarse a diario desde zonas del conurbano o barrios alejados. «Lamentamos que no se haya podido resolver por las vías habituales que marca nuestra democracia, pero ante el silencio y la falta de respuesta, esta medida fue necesaria», concluyó Benito.
Mientras tanto, miles de estudiantes de la Ciudad y el conurbano esperan que la ley aprobada se transforme en un derecho efectivo y no quede estancada en los pasillos de la burocracia.
