El 16 de abril de 2016 se realizó en el Centro Costa Salguero S.A, ubicado a orillas del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires, la fiesta electrónica Time Warp (Túnel del tiempo) que terminó con la muerte de 5 jóvenes. Pese al impulso inicial que tuvo la causa judicial, luego se empatanó y tres años y medio después, los familiares de las víctimas siguen esperando una respuesta.

Es sabido que el negocio de las fiestas electrónicas está relacionado fundamentalmente con el consumo de drogas y agua, ya que las drogas sintéticas que allí se venden obligan a los consumidores a hidratarse constantemente. Cualquier municipio que pretenda organizar este tipo de fiestas, debería realizar un firme control de este negocio en el que se ponen en juego la vida de muchos jóvenes. Nada de eso ocurrió en aquella madrugada.

En su inicio, la causa fue tomada por el fiscal Delgado y el juez Casanello, quienes hablaron de zona liberada y mercado de drogas ilegales y pusieron su atención también en el negocio del agua, ya que no se permitió acceder al agua de red del complejo mientras las botellas vendidas por la empresa Block, socia organizadora del evento, se vendían a un precio de 7 dólares cada una. Todo esto sumado a que se vendieron más de 20.000 entradas, en un lugar que estaba habilitado sólo para 12.000 y a que una vez que comenzó a necesitarse asistencia médica, ésta fue displicente y tardía.  Cuando Delgado y Casanello fueron apartados de la causa tras la recusación de uno de los organizadores imputados, el abogado mediático y empresario, Víctor Stinfale, el expediente recayó en el juez Martinez de Georgi, quien dio por cerrada la etapa de investigación en diciembre de 2018. En la actualidad la causa está a cargo de la jueza Capuchetti sin fecha concreta de juicio para los más de 30 imputados.

Llama la atención que entre los acusados no se encuentran nombres de funcionarios de primera línea del gobierno municipal, ya que ante la magnitud de un negocio tan obvio no se podría alegar desconocimiento ni responsabilizar a las víctimas, como de alguna manera intentaron la vicepresidenta Gabriela Michetti, quién adujo que era imposible “controlar la entrada al local de pastillas tan chiquititas”, casi una confesión  de incapacidad para estar a cargo de cualquier tarea ejecutiva o el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien indirectamente cargó sobre los 5 muchachos muertos al hablar del flagelo de la droga y el daño que esta produce a las familias, como si él no tuviera nada que ver con el control de las condiciones de seguridad y salubridad del evento. Mucho más si se tiene en cuenta la inocultable relación entre la empresa Costa Salguero y la dirigencia Macrista. Allí se casó Macri y allí festejó sus victorias electorales. Es una empresa denunciada por numerosas irregularidades, vinculada a la diputada del PRO Carmen Polledo. Resulta llamativo pensar que la tragedia de Cromañón le costó el juicio político y la destitución al Intendente Ibarra y la cárcel a su Subsecretaria de Control comunal Fizbin, que la tragedia de Once terminó con los secretarios de transporte Jaime y Schiavi,  y el ministro De Vido, presos, y sin embargo ni la causa derivada por la tragedia de  Iron Mountain (durante la intendencia de Macri), ni ésta, ocurrida durante la gestión Larreta, han responsabilizado a altos funcionarios del gobierno de turno. Obliga a preguntarse porqué, aunque la respuesta es difícil ya que se encuentra en otro túnel oscuro y tenebroso: El del sistema judicial argentino.

Eduardo de la Serna