En el mes de noviembre la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un nuevo proyecto de Ley de Alquileres buscando dar una respuesta parcial a la crisis habitacional que padecen millones de argentinos. ¿Cuál es la situación de la Ciudad de Buenos Aires dentro de este oscuro panorama? ¿Qué propone el gobierno porteño para paliar los problemas de vivienda en el distrito?

En una de sus últimas reuniones del año, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de alquileres con 191 votos a favor, 24 abstenciones y sin votos negativos. El proyecto, propone una serie de regulaciones a los alquileres tras años de desregulación del mercado inmobiliario. El texto extiende la duración de un contrato para vivienda de dos a tres años, la actualización anual del valor del alquiler a través de un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. También prevé la inscripción de los contratos a través de la AFIP, quien se encargará de llevar un registro.

En el país, el costo de alquilar puede representar hasta el 50 por ciento de los ingresos de un inquilino. Ante esta situación alarmante, han surgido nuevas estrategias para sobrellevar las dificultades de acceder al alquiler: Vivir en condiciones de hacinamiento, compartir una vivienda, mudarse más lejos o volver a la casa familiar. Existe poco interés del mercado en cubrir la demanda de alquileres en la población de medianos y bajos ingresos. En las ciudades, al mismo tiempo,  crecen los alquileres y el déficit habitacional.

Los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires no son ajenos a esta situación. Si bien el crecimiento poblacional se encuentra estable, se ha producido un aumento del déficit habitacional. Esto se debe a las fuertes alzas en los precios, la concentración de la oferta para sectores de altos ingresos, la presencia de una proporción importante de viviendas desocupadas y el crecimiento de hogares con menor cantidad de habitantes. Se cree que son más de 650 mil los habitantes porteños en situación de emergencia habitacional.

En la Ciudad, el 53, por ciento de los hogares está ocupado por inquilinos y sólo un 19 por ciento por propietarios de vivienda y terreno. En los últimos 15 años, esta distancia entre ambas opciones, ha ido en crecimiento. Pero el dato más alarmante es el de viviendas vacías. La tasa de vacancia es de un 10 por ciento de los usuarios residenciales. Según el último censo, los habitantes que viven en el 6,3 por ciento de los hogares necesitan una nueva vivienda y el 5,3 por ciento vive en condiciones deficitarias, Razón por  la cual, las viviendas desocupadas  podrían solucionar la mayor parte del problema habitacional de la ciudad. En la mayoría de los países de Europa las casas y departamentos sin ocupantes pueden recibir multas, expropiaciones temporales o definitivas e incluso pueden llegar a ser demolidas. La vivienda es un bien social y un derecho humano fundamental, por lo tanto la intervención del Estado con políticas que acaben con el flagelo de los sin techo y los hogares hacinados resulta imprescindible.

Por: Eduardo de la Serna