La palabra “cárcel” suena a un lugar muy lejano, a personas sin rostro o a algunos caricaturizados por el estereotipo. Sin embargo, según las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos, pueden ser el punto donde se produzca el estallido sanitario por el coronavirus. Para esclarecer y sortear los ruidos reaccionarios de los mensajes antiderechos, Revista Colibrí indagó en la Mesa de negociación de Devoto y revisó los documentos que definen las condiciones de los presos que podrían salir.
A partir de los motines y reclamos de detenides en cárceles de Argentina, en especial protagonismo del escandaloso motín en el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, ex Devoto, que llenó las tapas de los medios hegemónicos de comunicación con imágenes de presos estallando los techos del sistema penitenciario, comenzaron a publicarse las cifras de internos que obtuvieron la prisión domiciliaria por ser factores de riesgo.
Con un saldo al menos cinco detenidos muertos en las protestas, las discusiones giran alrededor de cuántos y quiénes van a salir, sin embargo, la máxima preocupación de las autoridades y de los organismos de derechos humanos es el escenario que podría existir si se propaga el virus en las cárceles. La emergencia sanitaria pone en la lupa todos los lugares donde el sistema falla, porque a pesar de tener bases tan sólidas en supuesta búsqueda del bienestar y del progreso, no es capaz de proteger la vida humana.
Andrea Casamento es la titular de Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), una organización que asesora y contiene a familiares de personas detenidas. Es un espacio de acompañamiento para quienes sienten el desamparo y la impotencia del mundo carcelario. La titular de ACIFAD es una de las tres mujeres presente en la Mesa de Diálogo del único Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, además de Vilma Bisceglia, jueza de ejecución Nº2 y de Claudia Cesaroni, abogada y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). En esta mesa de diálogo, sentadas junto a 7 hombres y a los representantes de los pabellones I, II, III, V y VI del complejo, elegidos por los detenidos, se pautan las condiciones que regirán en los otros seis complejos federales penitenciarios.
¿Por qué el reclamo de los presos en Devoto, que destruyeron instalaciones e incluso volaron del techo del establecimiento, se da en esas condiciones? «Porque históricamente son así», afirma Casamento. «Al preso poco se lo escucha y menos se lo cree, el preso pone su cuerpo para decir hola, estoy acá. Se cose la boca, prende fuego colchones y revienta los techos», agrega en diálogo con Revista Colibrí. Ella lo sabe por experiencia propia, dado que su entrada a esta dimensión comenzó cuando detuvieron a su hijo de 18 años por error, al confundirlo con un ladrón que había robado cuatro empanadas con un cuchillo tramontina en Palermo.
Hoy en día, Casamento es una persona de confianza para los familiares de detenides. Por eso, es la representante en la mesa de diálogo donde el 6 de mayo, se acordó expandir la mesa al Ministerio de Salud y de otros ministerios, para abordar con metodologías concretas los reclamos, además de continuar con el mejoramiento de los informes que realiza el sistema penitenciario -para acelerar las salidas de quienes permanecen presos de la burocracia- y continuar con perioridicidad las reuniones. Al estallido del viernes 24 de abril, lo llaman «conflicto/reclamo colectivo» en las actas oficiales en un intento neutralizador. Antes de este diálogo, no había habido una conversación entre los actores que actualmente representan a les detenides en el SPF.
Aunque la acordada alude a detenidos con prisión preventiva por «delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo», siempre con «mecanismos de control y monitoreo», entre los reclusos liberados figuran detenidos por homicidio y otros delitos graves. Esta es una decisión que depende de los jueces. El Tribunal especifica además en la norma que, los jueces «el debido proceso legal y garantizar los derechos de las partes y, en especial, dar estricto cumplimiento a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos».
«Siempre los jueces tienen la palabra final. Lo único que hace esta mesa de trabajo es destrabar los procesos. Ya salieron un montón de presos, pero se marcan sólo algunos casos, que probablemente cumplan con los requisitos médicos para estar en su casa. Aún así, toda decisión judicial puede volver para atrás», afirmó a Revista Colibrí la abogada Claudia Cesaroni, quien participó de la reunión de acuerdo en Devoto en «representación de los intereses de los detenidos».
Según la titular de ACIFAD, el objetivo administrativo de la Mesa es el de tratar de descifrar trabas como que no están los reportes médicos al día, que las personas a las que se le otorgó la prisión domiciliaria no tienen domicilio declarado o complicaciones que hacen que aunque hayan personas «a término de libertad» (fin de condena), no puedan salir. También es cierto que dentro del grupo de detenidos considerados «de riesgo», hay quienes cometieron delitos no menores, pero son personas que tienen graves problemas de salud pre-existentes que podrían volver al coronavirus, causa de muerte.
El 13 de abril la Cámara de Casación Penal de la Nación publicó la polémica acordada 9/20 que fue la que sugirió a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condena. Antes de esta norma, mediante la acordada 6/2020, la Cámara había encomendado a los magistrados judiciales acelerar los procesos que no de practicarse podrían «causar un daño irreparable».
«Si no miramos lo que pasa adentro de las carceles, van a ser presos quienes colmen el sistema de salud y ahi no va a haber camas para la comunidad. Presos y penitenciarios que se van a enfermar todos juntos. Y ahi no va a haber respirador ni para el preso, ni para tu hermana, ni para tu hijo. Es una cuestión sanitaria», sostuvo Casamento en diálogo con Revista Colibrí. Su hijo salió de la cárcel tras estar seis meses preso por error. Fue gracias a la insistencia de su madre que la justicia le dio la absolución en tiempo record.
«En la cárcel todo es arbitrario y todo está regulado por el miedo», dice Casamento en una charla TEDX del Río de La Plata. La lógica de las cárceles es aleatoria, hay cuestiones que parecen tener sentido y no lo tienen y otras que parecen no tenerlo y tienen raíces profundamente lógicas. Como es un penal de máxima seguridad, pero con una sola reja que aisla a las celdas.
El Estado invierte en que los presos no se escapen, pero poco o nada en cómo se va a reinsertar esta persona. Porque sí, aunque a muchas cacerolas eso les de miedo, los presos no son presos, están presos y en algún momento, van a salir.
Por Nicole Martin
