El gobierno bonaerense ratificó las multas aplicadas contra las apps de delivery tras detectar irregularidades en la contratación de trabajadores.
Las calles de la ciudad de Buenos Aires se volvieron un verdadero desfile. No estamos hablando de moda, o de marchas militares, sino que los principales protagonistas de esta procesión constante de motos y bicicletas son los trabajadores y las trabajadoras que reparten comida diariamente.
El pasado 18 de junio de 2021 el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Mara Ruiz Malec aplicó multas por más de 40 millones de pesos acordes con el nivel de incumplimiento verificado en las afamadas empresas de reparto Rappi Argentina SAS, Pedidos Ya y Glovo. Los motivos obedecieron a la falta de registración de trabajadores, incumplimiento en tiempo del pago de los salarios, omisión de contratar una ART e inobservancia de las medidas de seguridad e higiene implementadas en virtud de la pandemia.
Mara Ruíz Malec, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, aseguró que “nosotros tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de las normativas laborales”.
“Hicimos un relevamiento a partir de denuncias que habíamos recibido de distintos colectivos de trabajadores y encontramos todos los indicios respecto a una relación de dependencia; cuando intimamos a las empresas a que presenten la documentación no lo hicieron y en su lugar presentaron unos contratos que dicen que son colaboradores”, explicó la funcionaria.
Ahora las empresas cuentan con un período de días para interponer un recurso, pero más allá de la multa, “lo que queremos poner en juego es que acá hay trabajadores desprotegidos en una relación laboral“.
Como informó Mundo Gremial, las multas aplicadas superan los 40 millones de pesos. En valores aproximados, Kadabra (Glovo) deberá pagar más de 6.000.000 millones de pesos; Rappi, cifra superiores a 16.000.000 millones; y Reparto Ya (PedidosYa), casi 18.000.000.
Desde el desembarco de estas compañías en la Argentina no paramos de escuchar todo tipo de argumentos polémicos: “son emprendedores”, “son profesionales independientes y autónomos”, “son colaboradores”, “son libres”. Sin embargo, la realidad no se parece en nada con lo que pretenden estas empresas multinacionales de servicios de reparto, que despliegan su actividad comercial al margen de la ley reconociendo que “el modelo de negocio es así”.
Se autodenominan empresas de tecnología de economías colaborativas. Son capaces de enmascarar a toda costa sus infinitas garras voraces de lucrar con los más necesitados. En algunos países europeos en los que existen legislaciones que contemplan figuras laborales “intermedias”, los intentos de utilizarlas para catalogar a los repartidores o choferes de aplicaciones no paran de fracasar.
Fermín de la Serna
