Durante el mes de octubre, una noticia se instaló en todos los medios de comunicación y en las redes sociales durante días y días. No fue el alza descomunal de los precios, ni las idas y vueltas de un posible acuerdo con el FMI, ni las elecciones de noviembre; el bombardeo informativo sobre las peripecias del matrimonio Icardi nos taladró el cerebro durante días y noches enteras. Ya es sabido que a los poderosos siempre le caen más simpáticos los pueblos desatentos, poco movilizados y faranduleros. Por suerte, todavía hay en la ciudad de Buenos Aires activistas por el bien común que no se dejan engañar por “las lucecitas montadas para escena”, y han continuado durante todo el mes pasado luchando contra los numerosos atropellos que el gobierno municipal comete contra las reglas de urbanización y los terrenos públicos en el territorio porteño.
La síntesis de esa lucha ha quedado reflejada en la marcha “Se va Buenos Aires” que se realizó el sábado 30 de octubre hacia la sede de la Legislatura, en pos de frenar la destrucción sistemática del patrimonio urbano y la privatización del espacio público. Más de 60 organizaciones sociales, ambientales y vecinales se convocaron para repudiar las demoliciones de edificios históricos, las constantes excepciones al código de edificación para favorecer las construcciones de gran altura en barrios de casas bajas o terrenos verdes, la falta de plazas, de escuelas y la permanente dilapidación de terrenos público en pos de satisfacer la voracidad inmobiliaria que muestra el poder ejecutivo municipal a la hora de favorecer los negocios privados.
En 2009 se creó el Régimen Especial de Protección Patrimonial que estipula que los inmuebles construidos antes de 1941 deben ser evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para decidir si pueden ser demolidos. Desde entonces, de un total de 141 mil inmuebles construidos antes de 1941, sólo se catalogó al 13%, y de ese porcentaje sólo fueron aprobados para su protección 127 (menos del 0,1%) que pertenecen a las comunas 1 y 2 (Puerto Madero-Recoleta) ¡Qué casualidad! ¿La mano del poder se nota demasiado, no? El resto de la ciudad ha quedado en manos de las empresas constructoras, como los vecinos de Villa Ortuzar, en lucha por la reciente demolición de una casa antigua, que debió estar protegida, para propiciar la construcción de un edificio de 10 pisos ¡En medio de la plaza Malaver! Una cuádruple cadena de horrores: La demolición de la casa que debió estar protegida, la intención de edificar en el lugar en vez de ampliar la plaza, optar por ceder el terreno para una construcción privada y no levantar allí un inmueble público (escuela por ejemplo) y por último el permiso concedido para levantar en medio de un parque rodeado de casas bajas, una mole de cemento de 30 metros de altura. Claro que, esa sumatoria de iniquidades rápidamente podría ser olvidada por buena parte de los porteños, si la empresa o el gobierno tienen la “generosidad” de pintar en una de las paredes del edificio un osito panda gigante tomando mate o una wandita celosa haciendo pucherito. La de los vecinos de Villa Ortuzar no es la única pelea que se registra en favor de los espacios públicos de la ciudad, la lucha judicial por la enajenación de los terrenos públicos de las costaneras sur y norte se hace cada día más intensa. La privatización de Costa Salguero ha sido frenada por la justicia luego de la Audiencia Pública más concurrida de la historia, con más de 7 mil inscriptos. La posible venta de los humedales de la costanera sur a la empresa IRSA (relacionada históricamente con la familia Larreta) ha provocado también la reacción de numerosas asociaciones vecinales y ambientales que están participando actualmente de la segunda audiencia pública con más inscriptos de la historia. También son numerosas las organizaciones que siguen con preocupación lo que ocurre con la creación del “Distrito joven” en los terrenos aledaños al club River Plate, donde se siguen generando concesiones y construyendo murallones. No hay barrio en la ciudad que no sufra avasallamientos constructivos amparados por el Gobierno municipal y rechazados por los vecinos. Por estos lares son antiguas las disputas generadas por el cercenamiento de los espacios verdes en el Parque de la Agronomía a cargo de la Universidad y la Municipalidad de Buenos Aires y las torres que se pretenden construir en el parque contiguo a la Facultad de Veterinaria. Quizá pronto debamos sumarle a la Plaza Aristóbulo del Valle, en el centro de Villa del Parque, cada vez con más cemento y menos naturaleza, a la que parecen querer convertir en un polideportivo en lugar de un espacio verde.
Eduardo de la Serna
