Una de cada diez viviendas se encuentra ociosa. Por ese motivo, buscan impulsar impuestos a los “acaparadores inmobiliarios” y créditos para el acceso a la vivienda.

Según datos arrojados por un informe, de cada diez viviendas disponibles en la Ciudad de Buenos Aires, una permanece vacía. Esto quiere decir que los inmuebles ociosos ya son equivalentes al déficit habitacional del distrito. El informe del que se desprende este dato fue llevado a cabo por la Mesa de estudio de viviendas vacías, integrada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACJJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Estudios Económicos y urbanos, La Boca Resiste y Propone, así como también por representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa Local.

Es en ese contexto en el que la legisladora Amanda Martín, parte del bloque del Frente de Izquierda, impulsó un proyecto de ley que busca declarar la “emergencia en el acceso a la vivienda”, de modo tal que puedan generarse mecanismos para que toda la población pueda acceder a un techo digno. El objetivo sería crear un “banco de tierras públicas”, así como también una comisión que revise las tierras públicas enajenadas. Según textuales recabados por Télam, el objetivo de la comisión sería “revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutada desde la Legislatura y determinará su provecho o no para la población de la Ciudad” y que “en caso que la comisión determine que su venta fue en detrimento de la población de la CABA, la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de utilidad pública y la comisión establecerá la compensación correspondiente, si existiere”.

Además, el proyecto de ley busca implementar el impuesto a la vivienda ociosa y destinar esa recaudación al cumplimiento de las nuevas normativas. A priori se prevé que el impuesto alcanzaría a los inmuebles que permanezcan deshabitados por un plazo de 12 meses consecutivos.

Además, se crearía un impuesto a los “acaparadores inmobiliarios”, que caería sobre toda persona física o jurídica que posea más de tres inmuebles. Por otro lado, en lo relativo a los barrios populares, el proyecto busca crear un “plan de viviendas populares” que se tendrían lugar en tierras públicas y contarían con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesaria. Por ese mismo motivo se contempla también el impulso a créditos para el acceso a la vivienda y la creación de una comisión encargada de llevar adelante una negociación colectiva del precio de los alquileres.

Patricio Cerminaro